Sabe que proponen sobre vivienda Gustavo Petro y Rodolfo Hernández?
El pasado 29 de Mayo de 2022 se realizaron elecciones de primera vuelta presidenciales en Colombia y el resultado revelo que disputaran en segunda vuelta el candidato Gustavo Petro y el candidato Rodolfo Hernández, considerando que puede ser de interés informativo para nuestros clientes y usuarios conocer las propuestas sobre vivienda que tienen los candidatos el cual uno de ellos será presidente de Colombia los próximos 4 años, hemos tomado textualmente de su programa de gobierno que proponen en materia de vivienda.
Rodolfo Hernández propone:
COLOMBIA COMO UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO
Nuestra visión sobre lo fundamental en la construcción de una vida digna
C) VIVIENDA:
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA?
Uno de los más grandes anhelos de todo ciudadano es tener una vivienda propia y digna. Es un derecho y por tanto es un deber estatal proveer los medios para su consecución, sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos de años anteriores, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el DNP, el Dane y la ONU “cerca de 18,2 millones de colombianos no han podido alcanzar dicho anhelo y viven en estado de déficit habitacional (con carencias relacionadas con una óptima y digna calidad residencial), lo que equivale al 36,59 % del total de la población actual”.
Hay aproximadamente tres millones 700 mil hogares con déficit cualitativo, que mide las condiciones de habitación en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio y un millón 378 mil hogares en déficit cuantitativo, que determina cuántas viviendas nuevas se deben construir.
En el sector rural la situación también es dramática; según lo que le dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González, a la revista de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, “la vivienda rural en Colombia en los últimos años ha mostrado mejoras significativas […] pero según el Dane, para el 2018, en Colombia, cerca de 81 % de los hogares rurales (2.3 millones de personas) se encontraban en déficit habitacional, es decir, no contaban con una vivienda digna.
En particular, 57.2 % de los hogares rurales se encontraban en déficit cualitativo y 23.7 % en déficit cuantitativo”. Lamentablemente, por falta de una planeación adecuada, los esfuerzos realizados en los últimos años no mejoraron la situación, pues muchos de los beneficiarios terminaron vendiendo o arrendando sus nuevas viviendas, porque no solo resultaron ser muy pequeñas para albergar su núcleo familiar y se encontraban hacinados, sino que también fueron construidas muy lejos de la ciudad, lo que generó una dificultad de desplazamiento de los miembros de la familia hacia su trabajo o estudio.
Esta situación de hacinamiento se sintió más fuerte durante la pandemia, pues como lo explicó el Dane, un 11,7 %, que corresponde aproximadamente a un millón 640 mil de los hogares colombianos, vive en hacinamiento, con el agravante de que al menos un millón 100 mil de esos hogares están conformados por familias de seis o más miembros, habitando muchas veces espacios que no superan los 16 metros cuadrados y eso hizo imposible mantener el distanciamiento social.
El hacinamiento también se debe a un factor cultural dentro de las clases menos favorecidas, pues mantienen la costumbre de incorporar a su núcleo familiar las nuevas parejas que se conforman, de tal suerte que en un mismo predio terminan viviendo hasta tres y cuatro familias, situación que normalmente se resuelve construyendo nuevos espacios en los pequeños lotes en donde han edificado la vivienda original. Esta costumbre, producto de la naturaleza solidaria de los más humildes, se enmarca dentro del nuevo concepto de Vivienda de Interés Cultural, VIC, que según la Ley 2079 de 2021 se “caracterizará por estar totalmente arraigada e imbricada en su territorio y su clima; su diseño, construcción, financiación y criterios normativos obedecen a costumbres, tradiciones, estilos de vida, materiales y técnicas constructivas y productivas, así como a mano de obra locales. Las normas técnicas deberán incorporar los atributos y las condiciones de la VIC que reconozcan sus particularidades, siempre que se garantice la seguridad de sus moradores”.
Frente a la perspectiva de darle a los colombianos el acceso a una vivienda digna se hace imperativo mantener los subsidios asociados a las VIS (Viviendas de Interés Social) y las VIP (Vivienda de Interés Prioritario) que contemplan este año para las primeras un mínimo de 42 m de área total construida por unidad y cuyo valor máximo no puede sobrepasar 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes, SMLMV, que equivalen a 70 millones de pesos (2022) y para las segundas un subsidio de hasta 90 SMLMV, que para 2022 corresponden a 90 millones.
¿QUÉ SE PUEDE HACER Y CÓMO?
No basta con que el Estado concentre una buena parte de su presupuesto en atender problemas como el déficit de vivienda, pues si no se hace una planeación adecuada, que responda a las verdaderas necesidades de la población, un programa de vivienda, por ambicioso que parezca, puede terminar fallido.
En materia de vivienda el asunto no pasa solo por la cantidad, pues justamente la calidad es la que da sentido real y positivo a las acciones. El concepto de vivienda digna debe estar por encima del número de soluciones construidas, pues no se alcanza un gran impacto si se hacen muchas y estas terminan desmejorando las condiciones de vida de los colombianos.
Se debe acelerar la construcción de viviendas para cerrar el déficit habitacional en lo rural y en lo urbano, como parte de las estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos desde la perspectiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, según la cual “las condiciones de vivienda de la población inciden directamente en indicadores socioeconómicos como el empleo”.
Por eso el enfoque de la vivienda digna con todos sus componentes estará presente en todas las acciones que se emprendan en este sentido, para eso se acometerán las siguientes acciones:
- Ejecutar un programa nacional de vivienda rural que incluye la creación de aldeas rurales integrales, es decir, con servicios habitacionales completos; este programa que debe comenzar por las costas del Pacífico y continuar por la Atlántica, antes de abordar el interior del país. En esta iniciativa se deben implementar paneles solares y pozos asépticos y debe incluir Centros de Acopio de Bienestar, que provean salud y educación, entre otros servicios. Este proyecto tiene como propósito cerrar la brecha de la pobreza rural desde un enfoque integral, el cual desarrolla habilidades para la vida comunitaria, solidaria y asociativa. Esta iniciativa se hará de acuerdo con el nuevo concepto de Vivienda de Interés Cultural, VIC.
- Las viviendas familiares tendrán un área mínima de 60 metros cuadrados, con una estructura prefabricada para generar empleo desde “autoconstrucción”. Con esto se evita desplazamiento a las ciudades y en cambio, se estimula el retorno al campo.
- Para las ciudades se harán diseños de vivienda digna. Según la ONU-Habitat, la vivienda adecuada es un derecho humano internacional, “considerado como un derecho a vivir en paz y dignidad en alguna parte”. En cumplimiento del anterior mandato, el programa de vivienda estará en capacidad de solucionar necesidades básicas en un lote de 72 m2 (6×12), cuya construcción se va expandiendo progresivamente hasta 126 m2, dándole respuesta a la costumbre de integrar las nuevas familias bajo un mismo techo. Dentro de esta iniciativa resulta fundamental construir soluciones ubicadas en zonas céntricas, así resulten más costosos los terrenos, de manera que las familias tengan fácil acceso a sus trabajos y centros educativos.
- Diseñar un plan de incentivos para el ahorro e inversión en vivienda nueva. Esto debe fortalecer el acceso a la vivienda formal en todos los segmentos de la población, con especial énfasis en el campo.
- Fijar incentivos asociados a la habilitación de suelo (bajo los criterios de planificación de los POT) para los municipios y distritos que cumplan las metas, según requisitos, parámetros y criterios que defina el gobierno nacional.
- Trabajar de la mano de los municipios para gestionar las tierras necesarias. Generar un instrumento de habilitación ‘fast track’ de tierras para los proyectos de vivienda.
Tomado en: www.ingrodolfohernandez.com
Gustavo Petro propone:
Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos como derechos
En
nuestro gobierno, lideraremos una política de hábitat, vivienda y servicios
públicos ordenada alrededor del agua que permita superar la profunda
desigualdad, la primacía del negocio sobre los derechos, la gestión local y
comunitaria y la protección de la naturaleza bajo un nuevo marco regulatorio
que dinamice una relación virtuosa entre Estado, agentes de mercado y sociedad
en la que las comunidades participen efectivamente a través de procesos
asociativos y alianzas público-populares. Las políticas públicas reconocerán la
construcción social del territorio y la necesidad de producir hábitat integral
en todos los espacios, urbanos, de centros poblados y rurales y avanzaremos en
particular en una política pública de vivienda social que permita remontar la
desigualdad y exclusión de los habitantes rurales y de la ciudad informal.
Toda esta transformación debe hacerse de la mano
con el ajuste normativo a las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011 de Ordenamiento
Territorial para enfocar la reorganización territorial del país alrededor del
agua, permitiendo autonomía, articulación y financiamiento a los territorios,
incluidos los del campesinado y los pueblos afrodescendientes, negros,
palenqueros, raizales e indígenas. Esto implica la democratización del espacio
urbano y rural ya explicado en la transición hacia una economía productiva.
Vivienda digna: Promoveremos los procesos asociativos,
autogestionarios y de autoconstrucción con enfoque territorial y asistencia
técnica para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares de
vivienda, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo. Se
fortalecerá la institucionalidad local para avanzar en programas de
reasentamientos, titulación de predios y mejoramiento de vivienda y de barrios,
desarrollo de intervenciones integrales y sostenibles que reconozcan las
particularidades del hábitat popular. El Estado definirá los mecanismos para
que los municipios del país estén obligados a producir bancos de suelos
públicos.
Se impulsará el programa nacional de
mejoramiento barrial comunitario, como mecanismo de regularización urbanística
o legalización de barrios y del mejoramiento integral de barrios. Se impulsará
el saneamiento y masificación de la titulación (escrituración) como garantía
del derecho a la vivienda, al mismo tiempo que se promoverán los proyectos
intersectoriales de mejoramiento integral de asentamientos humanos con salud,
ambiente, cultura, etc. La promoción de hábitat verde será una prioridad en
todo el territorio nacional, como apuesta por la producción de oxígeno y
sumideros naturales de gas carbono.
La política de vivienda adoptará una
reglamentación que promueva proyectos de construcción a partir de los
materiales del lugar, que implementen ahorros de energía y agua, y gestión de
residuos orientada al aprovechamiento, así como el uso de tecnologías como
paneles solares y tecnologías limpias para el saneamiento, con propuestas
innovadoras adecuadas a los hábitos y costumbres de los hogares, así como a las
condiciones ambientales y paisajísticas de las zonas.
La reglamentación de la Vivienda de interés
social y Vivienda de Interés prioritario tendrá que ser revisada a ajustada a
través del Reglamento técnico mínimo obligatorio sobre la VIS y VIP. Los
instrumentos de uso de bienes fiscales, mayor tributación a los lotes de
engorde y declaratoria de desarrollo, construcción y uso prioritario y
reajustes de terrenos serán fortalecidos y la asignación de recursos nacionales
para vivienda estará condicionado al uso de esos instrumentos. Los porcentajes
de suelo destinados a vivienda de interés prioritario y social se establecerán
de acuerdo con el crecimiento de los hogares y sus condiciones socioeconómicas
en cada centro urbano.
Se promoverán programas de mejoramiento de
edificaciones patrimoniales con oferta de vivienda de interés social o con
programas de vivienda para clases medias y proyectos de revitalización con
protección de los propietarios originales y con oferta de vivienda de interés
social y prioritario.
La democratización del crédito permitirá el
acceso a la vivienda con progresividad que incluya líneas especiales
complementadas con subsidios para la compra y el mejoramiento de la vivienda
popular. Estableceremos facilidades para el acceso a locales en arrendamiento
para emprendimientos de la economía popular. Para la vivienda no popular se
promoverán sistemas de crédito hipotecario que permitan a las familias adquirir
vivienda en plazos y tasas acordes con el ingreso familiar.
Por la vía de las alianzas público-populares con
organizaciones sociales y comunitarias en los territorios, se impulsará un
programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas
en asentamientos de origen informal, adecuada culturalmente a las realidades
regionales que considere la construcción vernácula, resolviendo problemas
estructurales de orden regulatorio, financiero, técnico y operativo.
Desarrollaremos una política pública de
arrendamiento con una gama de alternativas que incluya la construcción de
equipamiento estatal, construcción y/o ampliación de vivienda usada para
alquiler, combinación de incentivos de crédito y subsidio bajo modelos conduzcan
a que las personas se puedan convertir a mediano plazo en propietarios.
Agua y Saneamiento básica, derechos y protección
de la vida: Asumimos el agua como derecho fundamental y en esa medida
garantizaremos el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y
el mínimo vital de agua en todo el país. En zonas rurales, veredas, municipios
pequeños e islas se impulsarán los acueductos comunitarios articulando saberes
tradicionales con asistencia científica y tecnológica. Mejoraremos en calidad y
cobertura los sistemas de alcantarillado e impulsaremos alternativas
tecnológicas para reducir los impactos a la naturaleza.
Los botaderos a cielo abierto serán prohibidos,
y se minimizará la tecnología de disposición final hacia tecnologías de
aprovechamiento, para lo cual se actualizarán los Planes de Gestión Integral de
Residuos Sólidos. El servicio público domiciliario de aseo se reglamentará de
manera que las organizaciones de recicladores debidamente identificados y
registrados por las Entidades Territoriales, puedan ser operadores del servicio
de aprovechamiento. Para lo cual las entidades territoriales dotarán de
infraestructuras de bodegas y parques tecnológicos en los POT. Es necesaria la
modificación de la ley 142 de servicios públicos para ampliar la participación
de organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios públicos bajo
parámetros regulados de calidad y capacidad técnica.
Tomado en: ww.gustavopetro.co